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Evaluar lo público

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Actualizado:02/04/2019 11:13h

Un fantasma recorre las ciudades ante las elecciones locales: el fantasma de remunicipalizar servicios públicos. Por lo general, a los alcaldes y alcaldesas les mueve las buenas intenciones, pero no tienen la certeza de que los recursos públicos serán eficientemente gestionados. Núria Mas y Pedro Videla, profesores del IESE, defienden que todas las políticas públicas deben ser evaluadas porque desconocemos si el dinero se gasta bien, si hay que invertir más en esto o aquello, o si se debe retirar un programa. Los expertos advierten que esa evaluación no la deben realizar los políticos. Y señalan EE.UU. como ejemplo, país donde se publican todos los datos de las administraciones para que los estudiantes de doctorado puedan realizar sus tesis y, de paso, contribuir al bien común con su análisis de las políticas públicas.

De momento, aquí sería deseable que los partidos plantearan unos programas electorales donde las fórmulas de prestación de los servicios municipales respondieran exclusivamente a la voluntad de maximizar la eficiencia y la viabilidad económica, además de garantizar la equidad y su sostenibilidad. En ese contexto, un documento presentado ayer, que recorre la amplia tradición de ese modelo colaborativo en Cataluña en servicios de titularidad pública, reivindica la colaboración público-privada como oportunidad para la administración local.

Ante el recrudecimiento ideológico del discurso remunicipalizador y los retos de aumento del gasto social de las administraciones, la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (Ccies) y la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP) plantean que la toma de decisiones se base en criterios racionales, de forma que las personas reciban, al menor coste posible, el mejor nivel de calidad en servicios tan básicos como vivienda, agua, residuos, movilidad, tercera edad y la transformación tecnológica en las ciudades.

Los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron un caso de éxito de ese modelo mixto en el que la colaboración de la iniciativa privada fue decisiva, porque participó con un 43 % de la inversión ejecutada. Una cooperación que resulta imprescindible en la construcción y gestión de las infraestructuras y servicios para abundar en el modelo concesional sin perder la titularidad pública. Así será más fácil evaluar cómo se gasta el dinero de todos.

Joan Carles ValeroJoan Carles Valero
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